SAN ISIDRO: LA TRATA Y LA ESCLAVITUD SEXUAL

LA TRATA Y LA ESCLAVITUD SEXUAL: CASO MARITA VERÓN

Por Dr. Gustavo Posse Intendente de San Isidro

La absolución de todos los implicados en el caso de Marita Verón nos habla a las claras delos altos niveles de ineficiencia del Estado en general y no solamente de la Justicia. No es la primera vez que en un procedimiento judicial fallan varias de las instancias previas a que se dicte una sentencia. Hay un sinnúmero de casos en que no se aportan las pruebas necesarias para sostener las acusaciones, o se las contamina o lisa y llanamente se las hace desaparecer tanto por acción u omisión policial como por la falta de un efectivo control judicial. Muchas veces, por su ineficiencia, quienes deben prevenir y proteger terminan siendo cómplices o responsables de que queden impunes los delitos. Ahora, también nos encontramos con algo más conmovedor y extremo: la propia madre de la víctima fue la que llevó adelante gran parte de la investigación, poniendo más en evidencia las carencias de todo tipo que hay ante los delitos complejos. Pero para exigir una Justicia más eficiente, esta debe contar con herramientas idóneas que le permitan actuar. Una buena medida es que los Fiscales y Jueces cuenten con Policía Judicial o investigadores e instructores judiciales, recurso que hoy en la mayoría del País se carece. Para evitar que entre policías y justicia se echen las culpas por cada delito que queda impune, es conveniente que la instrucción de casos como estos esté en manos de la Justicia. Para ello, se tiene que gastar una menor cantidad de dinero en puestos de empleados públicos que no cumplen funciones reales para destinarlos a contar con personal idóneo dedicado a tener una Justicia eficaz. Frente al fallo del “Caso Verón” la presidente Cristina Fernández pidió por una “democratización de la Justicia”. No está claro qué es lo que propone con ese pedido. Cuando nosotros en San Isidro hemos estado en desacuerdo con algún fallo judicial hemos buscado especialistas que nos han asesorado y cuando nos encontramos frente a un caso de mala praxis o ineficiencia judicial, junto a los vecinos y organizaciones como Madres del Dolor, hemos utilizado los canales institucionales y llevado adelante un juicio político contra magistrados llegando a instancias que ningún otro había alcanzado (1). Aún sin haber obtenido los resultados que esperábamos, los mecanismos para actuar ante el mal proceder de un juez existen y los respetamos, pero entendemos que lo que hace falta es resolver los problemas que se dan en las instancias previas al fallo. No es bueno fustigar a todo un poder independiente porque las respuestas obtenidas no son las deseadas. Antes bien, el Poder Ejecutivo debiera considerar cual es su actuación para evitar que situaciones de secuestros y trata de personas tengan lugar, porque la prevención es posible. En San Isidro se trabaja preventivamente en temas de abuso y prostitución.Contamos con fiscalías temáticas que abordan la trata de personas y órganos, la defensa de los menores y la violencia contra la mujer, programas municipales de prevención del abuso sexual de chicos y la violencia de género como de inclusión juvenil desde el plano social, la posibilidad de realizar denuncias seguras mediante un 0800, un equipo legal de especialistas que acompañan los casos para el seguimiento y que las causas no queden en la nada. Así también, se previene la existencia de ámbitos que son territorio fértil para la trata y esclavitud sexual, se llamen “whiskerías” o cabarets o casas de citas o los llamados departamentos “privados”, actividades casi “normales” en otras ciudades. Para eso juntamos información, clausuramos cuando detectamos que tras una actividad aparentemente lícita se pretenden promover este tipo de delitos; denunciamos ante la justicia cuando son lugares “privados” que impiden el acceso de los controles municipales, y seguimos las denuncias hasta que la justicia o la policía demuestren su eficacia. En síntesis,gestionamos para que nuestra ciudad no sea un lugar permisivo a este tipo de actividades que favorecen el delito de trata y esclavitud sexual. Esta filosofía de acción que impulsamos desalienta la prostitución en el distrito. Hemos ido más allá, también impulsamos la aprobación de una Ordenanza por la cual en todos los hoteles de pasajeros asentados en el distrito si un adulto entra con un o una menor el personal está obligado a solicitar sus documentos y acreditar filiación, de lo contrario los empleados deben llamar a la comisaría. Este caso en Tucumán tan resonante, nos habla de una problemática extendida en todo el país. No es una situación aislada ni con un único responsable, ya que todos los Poderes y jurisdicciones del Estado deben aunar esfuerzos para erradicar este tipo de prácticas. El hecho de que el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, tuviera frenado durante más de un año el proyecto de Ley de Trata pero se diera tiempo para tratar otros temas que no mejoran la situación de la gente es una parte importante en la cadena de responsabilidades. De ello deben tomar nota también las autoridades de la provincia de Buenos Aires y revertir esa situación de casi indiferencia que reciben las familias que denuncian en sede policial la ausencia de alguno de sus miembros, siendo necesario que en esos momentos reciban atención y contención especializada, al tiempo de una acción inmediata y en red. Se debe dotar a la Justicia de herramientas propias e idóneas para que pueda castigar a quienes delinquen, y si no lo hacen sancionar a los jueces ineficientes. Pero también es indispensable que el Ejecutivo Nacional implemente las medidas necesarias para prevenir que nunca más haya una mujer que sufra lo que tuvo que padecer Marita Verón: promoviendo la sanción de las leyes que hagan falta, fijándole al delito de trata y esclavitud sexual competencia también federal, y demostrando con estadísticas y acciones la voluntad política de querer erradicar este flagelo. Para asumir e intentar resolver el problema, es necesario romper con la hipocresía. No ayuda que por un lado se prohíba la oferta de sexo en los diarios y por otro un ministro de la Corte Suprema de Justicia haya sido investigado por alquilar sus propiedades para prostíbulos, ni que en lugares de competencia de la Policía Federal este lleno de locales cuya actividad principal es la venta de sexo o donde un Juez Federal era filmado en un cabaret. Prevenir la trata y la esclavitud sexual, como contar con un sistema de investigación eficaz es tarea de todos, pero la responsabilidad es de quienes tienen el poder del estado para hacerlo y por el cual también cobran sus sueldos. (1) Caso del Juez Sal Lari, donde se pidió Jury al magistrado por considerar que no actuo eficientemente en varios casos donde liberó bajo el beneficio de la excarcelación delincuentes peligrosos. Entre ellos quienes asesinaron a un vecino de San Isidro, el Ing. Regis.